Cuarenta
y siete km. de túnel atraviesan la ciudad de Barcelona. Un túnel vacío por
donde tendría que pasar un tren subterráneo dirigido remotamente; un metro que
debería haberse convertido en la línea más larga, moderna y eficiente de Europa
y el orgullo de un país. Debería haber unido el aeropuerto con el corazón de la
ciudad y conectado los barrios altos entre sí, tenía que haber pasado por 5
municipios y conectado la zona metropolitana de punta a punta, con un uso previsto de 130 millones
de pasajeros/año y un reto de diseño en sus estaciones. Éste era el proyecto aprobado
para la ciudad más vanguardista y turística del país.
La
obra inacabada de la L9 se ha convertido en el escándalo ocultado, pero conocido, más importante de Cataluña. Todo nuevo
Conseller responsable del ramo hace declaraciones catastróficas al respecto y
responsabiliza, del desastre, a la administración anterior. Todos los partidos
del arco parlamentario catalán han gobernado un largo periodo de tiempo en el
que han transcurrido las obras o en algún caso han estado paradas. Todos son responsables por acción u omisión
del retraso y del incremento de coste. Y todos son responsables de la firma de los
acuerdos que han expoliado al ciudadano y que han colocado nuestra administración
autonómica a los pies de las empresas constructoras, de las cuales se conocen
intimas relaciones con ciertos partidos políticos. Por desgracia, en los
tiempos que corren, no estoy contando nada nuevo.
¿Pero
que hace especial a este escándalo?
A
mi parecer, la serie de despropósitos acaecidos no solamente muestra el tamaño
del desastre sino que, lo especial está en que nos deja entrever la situación
social e institucional de Cataluña, la prensa catalana y el Parlament, como centro de la podredumbre de Cataluña. Ni
uno ni otro han denunciado, ni investigado en profundidad nada acerca de los acontecimientos
que nos incumben. Un telón de acero se extiende por las cuentas públicas
catalanas, nadie esta dispuesto a denunciar unos hechos calificables como
extremadamente escandalosos. Las cantidades de las que se hablan multiplican
por cuatro la obra del tren de alta
velocidad Madrid-Barcelona, por lo tanto ni que decir tiene el gran agujero que
dejará en las cuentas de la administración autonómica.
Rápido
repaso de los hechos:
La
obra se tenía que haber terminado completamente en el 2007, sin embargo, la
última previsión de fechas de finalización de las obras, comunicada por carta
al que escribe, por parte de ATM (Autoridad de Transporte Metropolitano) es la
siguiente:
Llegada
al aeropuerto 2016, finalización tramo Zona Franca 2018 y el tramo 3 (la parte
central) 2020. Y esto siempre y cuando no se retrase más.
Recuerden
que las tuneladoras se “sumergieron” en las entrañas de la ciudad en 2003 y deberían
haber “emergido” en 2007. Estamos hablando que se deberán pagar hasta 13 años
de penalizaciones a las constructoras por el tiempo en que las máquinas estarán
bajo tierra. Hasta 13 años de indemnizaciones por retraso a las empresas que realizaron
las obras de las estaciones (que al gestionar el cobro a través del método
alemán, empezaran a cobrar cuando termina la obra). En todo ese tiempo de obras
sin terminar, el ciudadano se encuentra con los numerosos espacios vallados, 13
años de perjuicios para vecinos y para el comercio local, que en ocasiones
dependiendo del tiempo que una calle esta cortada o una plaza cerrada (actualmente
se miden en lustros) determina el futuro del negocio. Pero para éstos, por
supuesto, ni un euro de indemnización.
Hablando
de dinero, la obra apareció en el PDI 2001-2010 por 1.940 Millones de € (ya que
hablamos de dinero público y estamos en Cataluña redondeamos a 2.000 Millones €). A través de
comunicados de prensa se puede seguir el vertiginoso incremento del coste de la
obra. Con Joaquín Nadal se incrementó hasta los 6.500 M€, multiplicando por 3
el coste; la ATM anunció en el 2009 que
la obra había ascendido a un coste total de 13.152 M€, y en el 2011 el Sr.
Recoder informó que el coste ascendería a más de 16.000 M€, para que se hagan una idea, el doble del
presupuesto de sanidad en Cataluña para el 2012 (¿Madrid nos roba?).
En
el 2008 se informó que empresas privadas gestionarían las estaciones de la L9
hasta el 2030 como resultado del pago de la obra mediante el modelo alemán de
financiación. Pero cinco años después estas estaciones siguen paradas, ¿hasta
cuando las empresas privadas gestionaran las estaciones? ¿Es acaso una
rocambolesca forma de privatizar los servicios públicos? Adquirir con constructoras
deudas tan grandes que se tengan que ceder el control de los servicios
públicos. ¿Por cuanto terminaremos multiplicando el coste total de la obra?
La
opacidad en las declaraciones de los dirigentes políticos indica la voluntad de
tapar el escándalo. Gobierno y constructoras, constructoras y gobierno ¿Quién
es quien? Empresas Públicas que se crean para realizar obras y que luego se
cierran, como si la administración fuera Gibraltar. Haciendo imposible seguir
el dinero y rompiendo las cadenas de responsabilidades.
Con
estas formas de gobernar, de disponer de los recursos públicos, la confianza en
las instituciones se diluye y se puede llegar a sospechar que, al contrario de
terminar siendo este desastre otro despilfarro más, resultante de una panda de
incompetentes e irresponsables, es una forma de pagar servicios a los poderes
fácticos del país, de pagar con dinero público los favores pendientes del
poder.
Por
ahora el ciudadano contribuyente, y la ciudad de Barcelona, se han quedado sin
L9. Pero eso sí, como si de una película de ficción se tratase, en su lugar hay
un gran agujero de gusano que recorre la ciudad y un gran agujero negro que
devora las cuentas públicas de la autonomía.
