7 de septiembre de 2013

LA CIUDAD HUECA.



Cuarenta y siete km. de túnel atraviesan la ciudad de Barcelona. Un túnel vacío por donde tendría que pasar un tren subterráneo dirigido remotamente; un metro que debería haberse convertido en la línea más larga, moderna y eficiente de Europa y el orgullo de un país. Debería haber unido el aeropuerto con el corazón de la ciudad y conectado los barrios altos entre sí, tenía que haber pasado por 5 municipios y conectado la zona metropolitana de punta  a punta, con un uso previsto de 130 millones de pasajeros/año y un reto de diseño en sus estaciones. Éste era el proyecto aprobado para la ciudad más vanguardista y turística del país.



La obra inacabada de la L9 se ha convertido en el escándalo ocultado, pero conocido, más importante de Cataluña. Todo nuevo Conseller responsable del ramo hace declaraciones catastróficas al respecto y responsabiliza, del desastre, a la administración anterior. Todos los partidos del arco parlamentario catalán han gobernado un largo periodo de tiempo en el que han transcurrido las obras o en algún caso han estado paradas.  Todos son responsables por acción u omisión del retraso y del incremento de coste. Y todos son responsables de la firma de los acuerdos que han expoliado al ciudadano y que han colocado nuestra administración autonómica a los pies de las empresas constructoras, de las cuales se conocen intimas relaciones con ciertos partidos políticos. Por desgracia, en los tiempos que corren, no estoy contando nada nuevo.

¿Pero que hace especial a este escándalo?

A mi parecer, la serie de despropósitos acaecidos no solamente muestra el tamaño del desastre sino que, lo especial está en que nos deja entrever la situación social e institucional de Cataluña, la prensa catalana y el Parlament,  como centro de la podredumbre de Cataluña. Ni uno ni otro han denunciado, ni investigado en profundidad nada acerca de los acontecimientos que nos incumben. Un telón de acero se extiende por las cuentas públicas catalanas, nadie esta dispuesto a denunciar unos hechos calificables como extremadamente escandalosos. Las cantidades de las que se hablan multiplican por cuatro  la obra del tren de alta velocidad Madrid-Barcelona, por lo tanto ni que decir tiene el gran agujero que dejará en las cuentas de la administración autonómica.

Rápido repaso de los hechos:

La obra se tenía que haber terminado completamente en el 2007, sin embargo, la última previsión de fechas de finalización de las obras, comunicada por carta al que escribe, por parte de ATM (Autoridad de Transporte Metropolitano) es la siguiente:
Llegada al aeropuerto 2016, finalización tramo Zona Franca 2018 y el tramo 3 (la parte central) 2020. Y esto siempre y cuando no se retrase más.
Recuerden que las tuneladoras se “sumergieron” en las entrañas de la ciudad en 2003 y deberían haber “emergido” en 2007. Estamos hablando que se deberán pagar hasta 13 años de penalizaciones a las constructoras por el tiempo en que las máquinas estarán bajo tierra. Hasta 13 años de indemnizaciones por retraso a las empresas que realizaron las obras de las estaciones (que al gestionar el cobro a través del método alemán, empezaran a cobrar cuando termina la obra). En todo ese tiempo de obras sin terminar, el ciudadano se encuentra con los numerosos espacios vallados, 13 años de perjuicios para vecinos y para el comercio local, que en ocasiones dependiendo del tiempo que una calle esta cortada o una plaza cerrada (actualmente se miden en lustros) determina el futuro del negocio. Pero para éstos, por supuesto, ni un euro de indemnización.

Hablando de dinero, la obra apareció en el PDI 2001-2010 por 1.940 Millones de € (ya que hablamos de dinero público y estamos en Cataluña  redondeamos a 2.000 Millones €). A través de comunicados de prensa se puede seguir el vertiginoso incremento del coste de la obra. Con Joaquín Nadal se incrementó hasta los 6.500 M€, multiplicando por 3 el coste; la ATM  anunció en el 2009 que la obra había ascendido a un coste total de 13.152 M€, y en el 2011 el Sr. Recoder informó que el coste ascendería a más de 16.000 M€,  para que se hagan una idea, el doble del presupuesto de sanidad en Cataluña para el 2012 (¿Madrid nos roba?).
En el 2008 se informó que empresas privadas gestionarían las estaciones de la L9 hasta el 2030 como resultado del pago de la obra mediante el modelo alemán de financiación. Pero cinco años después estas estaciones siguen paradas, ¿hasta cuando las empresas privadas gestionaran las estaciones? ¿Es acaso una rocambolesca forma de privatizar los servicios públicos? Adquirir con constructoras deudas tan grandes que se tengan que ceder el control de los servicios públicos. ¿Por cuanto terminaremos multiplicando el coste total de la obra?

La opacidad en las declaraciones de los dirigentes políticos indica la voluntad de tapar el escándalo. Gobierno y constructoras, constructoras y gobierno ¿Quién es quien? Empresas Públicas que se crean para realizar obras y que luego se cierran, como si la administración fuera Gibraltar. Haciendo imposible seguir el dinero y rompiendo las cadenas de responsabilidades.
Con estas formas de gobernar, de disponer de los recursos públicos, la confianza en las instituciones se diluye y se puede llegar a sospechar que, al contrario de terminar siendo este desastre otro despilfarro más, resultante de una panda de incompetentes e irresponsables, es una forma de pagar servicios a los poderes fácticos del país, de pagar con dinero público los favores pendientes del poder.

Por ahora el ciudadano contribuyente, y la ciudad de Barcelona, se han quedado sin L9. Pero eso sí, como si de una película de ficción se tratase, en su lugar hay un gran agujero de gusano que recorre la ciudad y un gran agujero negro que devora las cuentas públicas de la autonomía.

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